Blog

25 septiembre, 2019

Los “paros” y el diálogo social

Reflexiones sobre el paro de transportadores

El paro que inició este lunes, se fundamenta en la queja de los transportadores sobre la disposición legal prevista en el artículo 124 de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre) modificado por la ley 1383 de 2010, el cual contempla la figura de la reincidencia, entendida como la comisión de más de una falta, cualquiera que ella sea, a las normas de tránsito en un lapso de seis (6) meses. El cuello de botella para el gremio de transportes está dado por la reforma que hizo la ley 1383, pues antes de ésta, sólo se castigaba la comisión de la misma infracción en el período de seis (6) meses, ahora sólo basta con dos comparendos en un semestre para ser impuesta como sanción, la suspensión de la licencia de conducción.

Ante este escenario, son múltiples los factores a analizar, algunos planteados por el gremio, otros por los diferentes niveles de la administración, desde el orden nacional hasta el municipal, e incluso el de la misma ciudadanía.

A pesar de que el paro inició siendo minoritario, durante el martes el gremio de taxistas, camioneros y volqueteros han hablado de una posible unión a partir del día viernes, según declaraciones del líder del gremio Hugo Ospina, lo cual, sin lugar a dudas impactaría la situación de manera considerable. Los manifestantes, a través de diversos medios han tratado de coaccionar a otros a unirse al paro por medio de amenazas, y a lo largo de las jornadas pasadas han cometido múltiples actos de vandalismo, afectando la propiedad pública y privada.

Por su parte, el Gobierno Nacional ha puesto sobre la mesa, la ilegalidad del paro por tratarse el transporte público de un “servicio público esencial”, el que como han precisado las disposiciones constitucionales y legales, no permite un cese de actividades (paro), discusión que fue decantada con el conocido paro del servicio de transporte aéreo que vivió el país en el año 2017.

Y no de menor impacto, la ciudadanía que rechaza la afectación de sus derechos, pues ante la imposibilidad de movilizarse en condiciones, la realización de diferentes actividades afecta derechos de importante índole como el de la educación y el del trabajo por dar un ejemplo, sin ser los únicos afectados.

Pues bien, lo primero es señalar que la disposición legal sólo podrá ser modificada por el legislador mediante un proyecto de ley que elimine o modifique, la conducta castigada o su sanción, en todo caso, será el poder legislativo, por mandato constitucional el órgano competente para modificar dicha disposición legal, saliendo completamente del fuero del poder ejecutivo, quedando la opción condicionada al poder judicial de declarar inconstitucional la disposición legal producto de la interposición de una acción pública de inconstitucionalidad o la eventual revisión de una acción de tutela que se interponga sobre el tema.

Adicionalmente, no podemos perder de vista que en el escenario planteado, hay una clara colisión de derechos, por un lado, el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente (como condiciona la Constitución) previsto en el artículo 37 de la C.N., y de otro lado, los derechos a la circulación y movilización dispuestos en el artículo 24 C.N., el derecho al trabajo consagrado en el artículo 25 C.N, entre otros. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha planteado importantes argumentos sobre la ponderación de derechos y deberá el operador judicial y ejecutivo pronunciarse sobre el caso concreto.

No obstante, más allá de los procedimientos constitucionales y legales dispuestos, atender la realidad de los ciudadanos se hace imperativo para la administración y es donde el diálogo social y la construcción en la diferencia se muestra como el eje clave para la resolución de conflictos.

El alto en el camino que hace el gremio transportador nos permite revisar qué está pasando con este sector de la ciudadanía, cuáles son sus peticiones, sus condiciones actuales y porqué demandan del Estado la implementación de soluciones a sus problemáticas y deja en evidencia, la importancia de actuar en diferentes aspectos, de los cuales me permito poner de presente los siguientes:

  1. Trabajar por una mejora en las condiciones laborales de los transportadores.
  2. Mejorar y hacer más ágiles y eficientes, los trámites y procesos que deben adelantar ante la administración
  3. Gestionar la regulación de plataformas de transporte.
  4. Revisar y procurar la mejora de los procedimientos de sanción de conductas no permitidas por las normas de tránsito y transporte, así como la idoneidad de las medidas.
  5. Tomar medidas para garantizar la competencia justa entre los servicios de transporte.
  6. Promover el mejoramiento del servicio público de transporte.
  7. Incentivar la cultura ciudadana, el civismo y la responsabilidad de conductores y peatones.

Ver la diferencia, la posibilidad de construir en ella y el diálogo social como las herramientas claves, son quizás, las más importantes herramientas de solución para que el cese del paro que afronta el país y la ciudad de Bogotá, pues la creación de puentes entre las partes para llegar a una conciliación, conversando sobre las necesidades, desacuerdos y posibles salidas al conflicto, son más beneficiosas para ambas partes.

Los bogotanos que nos hemos visto afectados por esta situación, esperamos una pronta solución y ante todo, el llamado a que la movilización social no dañe la propiedad pública y privada de los demás ciudadanos y el Gobierno Nacional y Distrital abran los canales que comunicación que permitan unos diálogos pacíficos y de concertación que conlleven a la mejora de las condiciones.

Julián Rivera
@julianriveracor

Blog Personal, Sin categoría