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5 septiembre, 2019

¡Por la Paz todo, por la guerra nada!

El proceso de paz adelantado entre el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las FARC ha puesto sobre la mesa debates sobre los que debemos conversar y encontrar rutas, cómo, por ejemplo, la importancia de construir en la diferencia, el diálogo, la inclusión social y las salidas negociadas a los conflictos.

Durante más de 53 años comprobamos con dolor, sufrimiento y cerca de 8 millones de víctimas que la lucha armada no es el camino y, que en el Acuerdo de Paz suscrito en noviembre de 2016 tenemos una ruta trazada con la que el país puede lograr no sólo cerrar las brechas de desigualdad que vive el campo y la ciudad, sino también llevar la presencia del Estado a las zonas que por el conflicto se han visto más afectadas.

Ante el anuncio que hacen Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y alias “El Paisa” desde la selva colombiana sobre la retoma de las armas, el mundo detonó en un sinfín de opiniones que, de entrada, profundizan la polarización política que vive el país y pone en el ojo del huracán, los avances en la implementación del acuerdo.

Un sector de la sociedad demanda mayor efectividad por parte del Estado en el cumplimiento de sus compromisos, mientras que otro sector argumenta el incumplimiento por parte de las FARC; ante ambos escenarios, lo cierto es que, el 90% de los 13 mil excombatientes que se acogieron al proceso se encuentran en reincorporación y tan sólo el 10% – entre los que se encuentran Márquez, Santrich, Romaña y “el Paisa” – no se sometieron a lo pactado, por lo que sobre ellos deberá caer todo el peso de la ley, sin lugar a ningún tipo de beneficio de la justicia transicional.

Y no es para menos. Incluso quienes apoyamos de principio a fin las conversaciones en la Habana y hoy seguimos defendiendo la implementación del Acuerdo de Paz, creemos que así debe suceder, y que será ante la justicia ordinaria que deban responder por no cumplir lo pactado, máxime cuando Márquez y Santrich, hicieron parte del grupo negociador que construyó ese mismo acuerdo que hoy ellos mismos rechazan, por esta razón celebro que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP haya ordenado su captura.

De otra parte, no podemos perder de vista la preocupante situación social que vive el país, pues el número de homicidios de líderes sociales ha venido en aumento desde noviembre de 2016 (Fecha de firma del Acuerdo de Paz) a julio de 2019. Según indica el último informe presentado por INDEPAZ – Instituto de estudios sobre paz y desarrollo – han sido asesinados 627 líderes sociales y defensores de derechos humanos, cifra a la que se suman 137 exguerrilleros de las FARC y 37 familiares de exguerrilleros que fueron ultimados en este mismo período.

La situación actual del país nos hace un llamado a gritos. La lucha por la paz no se ha acabado, y hoy más que nunca debemos tener claro, como ciudadanos, que nuestro mayor deber es preservar lo que se ha conseguido y procurar por continuar la consolidación del posconflicto.

No permitamos que las abrumadoras y tristes noticias de hoy detengan nuestro espíritu transformador y nuestra voluntad de paz como colombianos. Con esta reflexión, los invito a que pensemos en todas las implicaciones y consecuencias que traerá para nuestro país el poner en riesgo la estabilidad del Acuerdo.

El llamado es a la unidad y a la defensa del mismo ¡Debemos unirnos! Siempre será más fácil hacer un llamado a la guerra, sin embargo, no perdamos la esperanza de la Paz que nos une como colombianos, no seamos enemigos de ella, sigamos construyendo un país sin violencia sin víctimas, sin conflicto, nuestro deber es defender la Paz a como dé lugar.

Recordemos, el compromiso con el acuerdo no es de un gobierno, es un compromiso de Estado y de todos los colombianos.

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